La victoria electoral reciente en Estados Unidos no marca el fin de la agenda tecnofascista, sino el inicio de una fase crítica de rendición de cuentas y reforma estructural. El artículo argumenta que, aunque los votantes han rechazado la oligarquía tecnológica y la administración de Donald Trump, el movimiento pro-democracia debe centrarse ahora en la investigación judicial y la supervisión del sector privado para evitar que el tecnofascismo se reinicie. El texto destaca la necesidad de que el nuevo Congreso demócrata cumpla su deber constitucional de investigar posibles irregularidades en la administración ejecutiva, utilizando la evidencia recopilada para respaldar acciones legales estatales y civiles. Se identifican casos específicos de abuso, como la destrucción de USAID por DOGE, el uso de IA para recortar gastos públicos y las violaciones de privacidad por Palantir. Además, el autor aboga por una agenda de reforma que aborde las causas raíz del poder tecnológico: la concentración de mercado, la propiedad de medios y los modelos de negocio de vigilancia extractiva. Esto requiere cambios en el código fiscal, leyes de privacidad basadas en la minimización de datos y una aplicación estricta de la competencia antimonopolio, asegurando que las empresas tecnológicas respondan al interés público y no solo a las acciones de sus accionistas.
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