La instalación de cámaras de vigilancia de la empresa Flock AI en parques infantiles, zonas de juegos acuáticos y escuelas de Estados Unidos ha provocado una creciente alarma entre padres y defensores de los derechos civiles. El despliegue de dispositivos, como las unidades Flock Condor y PTZ, se justifica oficialmente para combatir el vandalismo y apoyar investigaciones criminales, aunque las autoridades locales niegan que estos equipos específicos realicen reconocimiento facial o lectura de matrículas.
El debate sobre la proporcionalidad de estas medidas se intensifica ante casos de criminalización de la infancia. Como ejemplo, se cita el proceso judicial en Springdale contra dos niñas de 10 y 12 años, quienes fueron acusadas de vandalismo tras romper accidentalmente un columpio mientras jugaban. Este contexto sugiere que la vigilancia intensiva en espacios recreativos podría facilitar la imputación de delitos penales por conductas negligentes o juegos infantiles, transformando incidentes civiles en procesos judiciales contra menores.