Un tribunal federal de Nevada determinó que una juez estatal no puede ser demandada en una demanda federal por allegedly haber delegado íntegramente en inteligencia artificial la decisión adoptada en un caso. La juez Gloria Navarro resolvió que emitir una resolución judicial constituye una función judicial habitual y que la controversia estaba relacionada con el proceso pendiente ante la magistrada.
El demandante, en el asunto Phillips v. Parlade, sostenía que la juez había renunciado al ejercicio de su discreción y que, por tanto, su actuación quedaba fuera de la definición de acto judicial. También argumentaba que la delegación completa de sus funciones implicaba una ausencia clara de toda jurisdicción. El tribunal rechazó ambos planteamientos.
La resolución recuerda que los jueces gozan de inmunidad absoluta frente a responsabilidades civiles, incluso cuando actúan por error, con malicia o excediendo sus facultades. La protección solo cede cuando la conducta se produce sin ninguna jurisdicción o no tiene carácter judicial. Para valorar este último requisito, el tribunal examina si se trata de una función judicial normal, si ocurrió en el despacho de la juez, si giró en torno al caso pendiente y si surgió de su actuación oficial.
El tribunal concluyó que la emisión de una decisión judicial cumple esos criterios y que el demandante no aportó precedentes que acreditaran una ausencia de jurisdicción. Por ello, ordenóDismiss the case. La decisión no confirma que la juez hubiera utilizado realmente la IA de esa manera: analiza únicamente las alegaciones y establece que, incluso si fueran ciertas, la inmunidad judicial impediría presentar una demanda federal contra ella. La impugnación de la actuación podría plantearse mediante un recurso ante un tribunal estatal de apelación, un mandamus u otros mecanismos similares, así como en procedimientos disciplinarios.