La cooperación internacional al desarrollo ha asumido durante décadas que la guerra es inevitable, un fenómeno tan fuera de control como un desastre natural. Esa visión fatalista se traduce en una paradoja: los conflictos se concentran en los países de renta baja y borran décadas de crecimiento económico, mientras que en las economías industrializadas la violencia puede incluso llegar a estimular la producción a corto plazo. Sin embargo, una nueva generación de investigaciones empíricas, basadas en grandes conjuntos de datos sobre incidentes violentos y en ensayos aleatorios controlados importados del campo de la salud pública, está empezando a identificar qué intervenciones previenen los ciclos de violencia protagonizados por actores no estatales.
Estudios como el de Chris Blattman en los barrios marginales de Monrovia (Liberia) demuestran que combinar ocho semanas de terapia cognitivo-conductual con una transferencia de efectivo de 200 dólares reduce las conductas violentas de jóvenes en situación de riesgo durante al menos un año. Otros trabajos confirman que resaltar identidades complejas, comunicar mensajes a través de líderes respetados o producir ficciones radiofónicas fomenta la cohesión social. En cambio, poner en contacto a grupos enfrentados sin condiciones cuidadosas puede incluso agravar el conflicto al recordar permanentemente la existencia de la disputa.
El reto pendiente es cerrar la distancia entre los resultados de laboratorio y la violencia real a gran escala, así como calcular el coste-beneficio de cada iniciativa. Iniciativas como el Empirical Studies of Conflict Project, el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab o Coefficient Giving intentan aportar esa evidencia para que la prevención de guerras deje de ser una intuición y se convierta en una política financiable.