La Guardia Civil ha adjudicado un contrato por 2.066.115,70 euros antes de IVA a la empresa Fortier Europe para adquirir un sistema de software que permite el acceso remoto a dispositivos móviles Android e iPhone. El acuerdo, publicado en el BOE, busca eliminar la necesidad de incautar físicamente los teléfonos durante las investigaciones, aunque los documentos no detallan las características técnicas ni el fabricante original del software.
El sistema está diseñado para alojar software en los dispositivos objetivo y proporcionar un "acceso transparente" a sus contenidos y comunicaciones, permitiendo a las autoridades examinar la información sin que el propietario se dé cuenta. Esta herramienta se distingue de la práctica habitual de incautar el dispositivo para su análisis posterior. La adjudicación se realizó sin licitación pública, tras una oferta única, debido a que el fabricante había concedido derechos exclusivos de suministro a Fortier Europe.
Es crucial destacar que la disponibilidad de esta herramienta no otorga a los agentes el derecho a registrar cualquier teléfono. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), los registros remotos requieren autorización judicial previa. El juez debe aprobar el software solo para una lista cerrada de delitos, especificando qué dispositivos se afectarán, cómo se accederá a los datos y quién ejecutará la medida. Esta orden judicial tiene una duración máxima de un mes, prorrogable hasta un máximo de tres meses, y debe garantizar la protección de la integridad de los datos.