La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) eliminó este jueves, con una votación de 2 a 1, el tope nacional de propiedad de cadenas de televisión que durante más de dos décadas limitó al 39% el porcentaje de hogares estadounidenses que un mismo propietario podía alcanzar con sus estaciones. Con esta decisión, la agencia reguladora abre la puerta a una mayor consolidación corporativa en la industria audiovisual y reemplaza la regla cuantitativa por una revisión "caso por caso" de cada fusión propuesta.
El presidente de la FCC, el republicano Brendan Carr, defendió la medida argumentando que el límite del 39% —establecido por ley en 2004, cuando el Congreso elevó una cota previa del 35% vigente desde los años noventa— constituía una restricción artificial que impedía a los radiodifusores locales competir en igualdad de condiciones con las grandes plataformas de streaming y redes sociales, que pueden llegar al "100% del país" sin necesidad de licencias de difusión. En palabras de Carr durante la reunión, la eliminación del tope "proporcionará un alivio esencial para los radiodifusores locales al restaurar un contrapeso saludable al creciente poder de los programadores nacionales", al permitir que las estaciones alcancen "la escala necesaria para atraer el capital y los ingresos publicitarios" que sustenten el periodismo local.
La comisionada republicana Olivia Trusty acompañó a Carr en el voto favorable, mientras que la única demócrata del órgano, Anna M. Gómez, votó en contra y calificó la decisión como "ilegal de cara". Gómez advirtió que eliminar el tope "no libera a los radiodifusores locales de la presión económica, solo cambia quién la ejerce", señalando que los grandes grupos de estaciones que crecerán aún más con esta decisión "no son radiodifusores locales, sino compañías nacionales que poseen estaciones locales y dictan cada vez más lo que se emite en ellas".
Un aspecto central del debate gira en torno a si la FCC tiene autoridad legal para derogar la norma. Tanto Gómez como el grupo de defensa del consumidor Free Press advirtieron que la cifra del 39% fue codificada en una ley federal de 2004 y que solo el Congreso puede modificarla. Free Press anunció que planea demandar a la agencia por lo que calificó como una "toma de poder ilegal". Ars Technica recoge que, de no ser frenada por los tribunales, la decisión facilitará la aprobación de fusiones que beneficien políticamente al presidente Donald Trump, dado el historial de Carr de amenazar con retirar licencias a cadenas críticas con el Gobierno.
Ese historial incluye la exigencia de una renovación anticipada de las licencias de ABC poco después de que Trump criticara a la cadena por un chiste del presentador nocturno Jimmy Kimmel sobre su esposa. La FCC vinculó su petición a una investigación sobre las políticas de diversidad, equidad e inclusión de la compañía.
El cambio normativo beneficia directamente a Nexstar Media Group, el mayor propietario de estaciones locales de televisión del país, que busca completar la adquisición de su rival Tegna por 6.200 millones de dólares. La propia FCC, bajo el liderazgo de Carr, ya había concedido una dispensa para aprobar esa fusión, aunque un juez federal la paralizó temporalmente ante una demanda antimonopolio presentada por los fiscales generales de ocho estados. Este antecedente ilustra cómo la agencia venía sorteando la norma incluso antes de su eliminación formal.
Los críticos de la medida, entre ellos la propia Gómez, sostienen que permitir que los propietarios acumulen estaciones desincentivará el periodismo local en las ondas públicas y elevará los costos para los consumidores. The Verge reseña que la comisionada advirtió también sobre la falta de competencia en el mercado informativo y la pérdida de diversidad de voces.
En definitiva, la votación de la FCC marca el fin de una era en la regulación de la radiodifusión estadounidense. Aunque Carr presenta la reforma como una herramienta para revitalizar las emisoras locales frente a los gigantes digitales, la oposición demócrata y organizaciones civiles anticipan una batalla legal y política que podría llevar la cuestión hasta los tribunales y el Congreso. Mientras tanto, el destino de fusiones pendientes como la de Nexstar y Tegna queda a merced de la nueva revisión caso por caso y de las demandas antimonopolio en curso.