La familia de Juana Ramos, desaparecida en agosto de 2016 en Gran Canaria, solicita 17 años de prisión para su marido, Miguel Ángel Ramos Quesada, considerado presunto asesino. En su escrito de acusación pide 15 años por un delito de homicidio y dos más por otro contra la integridad moral, además de 300.000 euros de indemnización y los costes de búsqueda. El cuerpo de Juana no ha sido localizado, pero en 2018 fue incluida en las estadísticas oficiales de víctimas de violencia de género.
El escrito detalla múltiples contradicciones del acusado. Aseguró que devolvió a su esposa al barrio de La Paterna sobre las 00:30 del 20 de agosto, pero el rastro de su móvil se perdió en Bañaderos y una vecina, despierta hasta las 04:00, no la vio llegar. La alarma del domicilio, que ella conectaba siempre antes de dormir, no fue activada esa noche. También cambió la descripción de su vestimenta: las cámaras de Carrefour Las Arenas lo grabaron con un polo rojo, mientras que él declaró ante la reconstrucción que llevaba camiseta negra. Su recorrido tampoco coincide con la ubicación de los teléfonos de ambos.
La familia subraya que Juana cuidaba de sus padres octogenarios y de su nieto Hugo, con autismo, por lo que descartan una desaparición voluntaria. El acusado, según el escrito, controlaba sus relaciones, le impidió mantener amistades y la presionó con una deuda de unos 24.000 euros derivada de negocios traspasados a su nombre. En 2018, al ser vigilado por agentes de Homicidios, llegó a afirmar que "ojalá aparezca viva" y, al perderles de vista, que "vas a encontrar una mierda". La Fiscalía coincide con la acusación particular y la Audiencia de Las Palmas confirmó en 2024 la continuidad del procedimiento con jurado.