La verificación de edad impuesta por ley está transformando internet en un espacio de "papeles, por favor", donde el acceso a redes sociales depende de entregar datos biométricos, documentos de identidad o información personal a plataformas y a empresas externas de verificación. Australia se convirtió en diciembre de 2025 en el primer país en aplicar una prohibición general de redes sociales para menores de 16 años, y su modelo es observado de cerca por otros Estados.
La ley australiana obliga a las plataformas a recopilar datos suficientes para confirmar que ningún usuario menor de 16 acceda al servicio, bajo amenaza de multas millonarias. Aunque en algunos casos pueden usar información ya almacenada, con frecuencia recurren a verificadores externos como k-ID, la empresa singapurense que emplea Snapchat, que solicita selfies, escaneos de DNI o conexiones bancarias.
El propio gobierno australiano reconoce que la medida presenta problemas: su propia investigación reveló que unos siete de cada diez menores seguían usando redes sociales meses después de la prohibición, y un estudio del British Medical Journal no encontró reducciones significativas en el uso adolescente. Además, semanas antes de la entrada en vigor de la ley, un hackeo a una aplicación de atención al cliente de Discord expuso datos de cerca de 70.000 australianos, incluidos documentos de identidad.
La Comisión Australiana de Derechos Humanos advierte que, aunque algunos usuarios sortean los controles, el cambio de fondo ya se ha producido: la ley obliga a perfilar a las personas para que puedan participar en la conversación pública, lo que puede disuadir a usuarios de expresar opiniones políticas o compartir experiencias delicadas.