La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) impulsa un cambio normativo que permitiría a los estados suprimir el periodo de comentarios públicos en los permisos de contaminación atmosférica para fuentes menores, categoría que incluye a los centros de datos, según informes basados en The New York Times. La medida afectaría a instalaciones como vertederos, lavanderías industriales y plantas siderúrgicas, pero la principal preocupación se centra en el rápido despliegue de infraestructura para inteligencia artificial.
Un análisis de la Escuela de Salud Pública de Harvard estima que el centro de datos de Vantage en el condado de Loudoun, Virginia, genera entre 53 y 99 millones de dólares anuales en daños sanitarios, la cifra más alta atribuida a una única instalación hasta la fecha. Otro estudio, elaborado por el investigador Michael Cork, influyó en el rechazo de una ampliación de una central de combustibles fósiles en el condado de Fluvanna, Virginia, tras aportar datos clave al debate público.
Los fiscales generales de catorce estados y de tres ciudades firmaron una carta abierta en contra de la propuesta, al advertir que, pese a su denominación de "menores", estas fuentes pueden provocar impactos sanitarios y ambientales significativos. Los firmantes sostienen que eliminar la publicación de las solicitudes y el periodo de comentarios de 30 días elimina salvaguardas democráticas en favor de la expansión acelerada de la inteligencia artificial.
La normativa actual obliga a abrir un periodo de consulta, aunque en algunos casos ya se ha sorteado: en Gilroy, California, un centro de datos de Amazon inició obras el mes pasado tras un proceso de aprobación cerrado entre el ayuntamiento y la empresa, con el plazo de comentarios vencido dos años antes. Residentes de Festus, Misuri, demandaron a su municipio por falta de tiempo para revisar un proyecto similar. Con el cambio propuesto, la responsabilidad regulatoria recaería en los estados, que podrían fijar estándares más estrictos pero también prescindir de la consulta pública si no lo exigen.