La Sociedad Valenciana de ITV (Sitval), creada el 26 de febrero de 2023 por el Gobierno de Ximo Puig tras revertir la privatización del servicio impulsada por Eduardo Zaplana en 1998, ha generado 23,7 millones de euros de beneficio después de impuestos en sus tres primeros ejercicios: 10,9 millones en 2023, 7 millones en 2024 y 5,8 millones en 2025, según las cuentas depositadas en el registro mercantil. La empresa pública asumió la gestión de las estaciones y de la plantilla tras finalizar los contratos de concesión otorgados 25 años atrás, un proceso que contó con la oposición judicial de las concesionarias.
El descenso de los beneficios en 2024 y 2025 se explica, según el informe remitido al registro mercantil, por la falta de personal inspector —al no autorizarse las contrataciones del Plan Estratégico— y por la homogeneización salarial aprobada por el Consell, que elevó la ratio de gastos de personal. A pesar de ello, el resultado de 2024 (7 millones) se destinó a reservas voluntarias para financiar nuevas estaciones previstas en Chiva, Torrent, Mercavalencia y Alcalà de Xivert.
Los presupuestos autonómicos incluyen entre los objetivos de Sitval la reducción de tarifas para adecuarlas al coste real del servicio. Durante la etapa privatizada, la Comunitat Valenciana llegó a tener la ITV más cara de España: la inspección pasó de unos 18 euros de media a 46, y entre 1998 y 2009 las concesionarias facturaron cerca de 317 millones más de lo previsto en los cálculos iniciales. La privatización está vinculada al caso Erial, por el que Zaplana fue condenado a 10 años y cinco meses de prisión.