La Sociedad Valenciana de ITV (Sitval), creada por el Gobierno del Botánico el 26 de febrero de 2023 para revertir la privatización de las inspecciones técnicas de vehículos impulsada por Eduardo Zaplana en 1998, ha generado 23,7 millones de euros de beneficios en sus tres primeros ejercicios. Según las cuentas depositadas en el registro mercantil, la empresa pública obtuvo 10,9 millones en 2023, 7 millones en 2024 y 5,8 millones en 2025, tras absorber estaciones y trabajadores de las antiguas concesionarias. La memoria de 2024 atribuye la caída de ingresos a la falta de personal inspector, que redujo las inspecciones un 6,4 % respecto a lo previsto, y al aumento de gastos derivado de la homogeneización salarial. Entre los objetivos de Sitval figura la reducción de tarifas y la apertura de nuevas estaciones en Chiva, Torrent, Mercavalencia y Alcalà de Xivert.
La privatización de 1998, que duró 25 años, convirtió a la Comunitat Valenciana en la comunidad con la ITV más cara de España hasta al menos 2012, con precios que llegaron a triplicarse —de una media de 18 euros a 46 euros— por la inclusión de la prueba de sonometría, que encareció un 146 % el coste para los conductores valencianos. El proceso se ha visto envuelto en el caso Erial, que condenó a Zaplana a 10 años y cinco meses de prisión por blanqueo, cohecho y falsedad, con una multa de 25 millones; entre las concesionarias, Sedesa, vinculada a la familia Cotino, vendió su concesión por 86 millones de euros.