La disposición transitoria 34 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) permite a los trabajadores con altas bases de cotización evitar recortes significativos en sus pensiones anticipadas. Esta norma, diseñada para corregir una anomalía del sistema donde los trabajadores con salarios elevados no sufrían penalizaciones al adelantar su jubilación, establece una penalización progresiva del 6,7% en 2026 sobre la pensión máxima, no sobre la base reguladora. En el caso de una base de 4.000 euros, esta penalización equivale a unos 212 euros mensuales menos, o 3.000 euros anuales. Sin embargo, en enero de 2026, la Seguridad Social aplicó temporalmente coeficientes de reducción más estrictos, lo que generó un desacuerdo entre los sindicatos. El Ministerio de Elma Saiz corrigió la situación semanas después, restituyendo la aplicación de la DT 34. La norma sigue vigente hasta 2033, cuando se aplicarán los coeficientes definitivos. Para quienes ya tramitaron su jubilación durante la derogación, no es necesario reclamar; la Seguridad Social revisará de oficio las pensiones y abonará los atrasos correspondientes.
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