La oposición pública en Estados Unidos ha frenado el avance de los centros de datos para inteligencia artificial, generando un rechazo bipartidista que desafía a la élite tecnológica. Según una encuesta de la Escuela de Derecho de la Universidad de Marquette, el 73% de los estadounidenses considera que los costes de estos centros superan a sus beneficios, mientras que el 70% cree que la IA es perjudicial para la sociedad. Este malestar se suma a la creciente preocupación por los riesgos de extinción humana y la pérdida de empleo, temores que han erosionado la confianza en la tecnología desde 2021, cuando solo el 37% estaba más preocupado que entusiasmado.
El artículo señala que la narrativa dominante de Silicon Valley, que argumenta que la IA es incontrolable, busca evitar la responsabilidad legal. Sin embargo, la presión política está aumentando: el Congreso está considerando prohibir la construcción de nuevos centros de datos, y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) planea eliminar la regla que exige consulta pública para permisos de contaminación. A pesar de esto, la administración de Donald Trump mantiene un apoyo firme a la infraestructura de IA para mantener la ventaja sobre China. Este conflicto ilustra la dificultad de la tecnología para navegar la gobernanza democrática, donde la presión popular y la desconfianza en las instituciones políticas están limitando el despliegue de infraestructuras críticas.