Desde el 7 de julio, ningún coche nuevo puede matricularse en la Unión Europea sin el sistema ADDW (Advanced Driver Distraction Warning), la fase final del Reglamento General de Seguridad. El sistema, que analiza la mirada del conductor mediante una cámara frontal, debe limitarse a generar una señal binaria (atento o distraído) y, según el Artículo 6(3) del reglamento, no debe grabar ni conservar datos más allá de lo estrictamente necesario. En teoría, el vídeo nunca sale del vehículo. En la práctica, la normativa no obliga a ningún mecanismo de auditoría independiente que verifique ese circuito cerrado, ni define con precisión qué se considera “necesario” ni el plazo de retención. La garantía de que los datos biométricos no salen del coche depende hoy de la palabra del fabricante. El historial del sector no invita a la confianza: una investigación de The New York Times reveló en 2024 que varios fabricantes, entre ellos General Motors, compartían datos de comportamiento con intermediarios como LexisNexis, que los trasladaban a aseguradoras, lo que encareció primas a conductores no informados. Por su parte, Reuters documentó que entre 2019 y 2022 empleados de Tesla compartieron por mensajería interna imágenes sensibles grabadas por las cámaras de los coches de clientes, incluidos momentos de intimidad en garajes particulares. Ninguno de los dos casos afecta directamente al ADDW, pero ilustran el riesgo de normas poco concretas sobre datos sensibles. El pasado 16 de junio, la autoridad sueca de protección de datos (IMY) resolvió que Securitas Sverige vulneró el RGPD al vigilar con IA a sus conductores, al estimar que el argumento de seguridad no basta para justificar esa vigilancia. La Comisión Europea seguirá desarrollando el ADDW hasta 2027, con detección de distracciones cognitivas que requerirá sensores más sofisticados. Revisar la política de privacidad real del fabricante es, por ahora, la única herramienta del conductor.
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