El auto del juez José Luis Calama que imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra se apoya en gran medida en la copia del teléfono de Rodolfo Reyes, principal accionista de la aerolínea, decomisado por las autoridades estadounidenses en el aeropuerto de Miami el 9 de mayo de 2021. La defensa de Zapatero denuncia que esa prueba presenta tres anomalías graves.
La primera es cronológica: Estados Unidos envió el volcado del móvil a la UDEF el 18 de marzo de 2026, casi cinco años después, y en plena escalada de Donald Trump contra Pedro Sánchez por el rechazo español a la guerra de Irán. La investigación lo justifica por la reactivación de la orden de captura contra Reyes el 6 de marzo, pero el empresario estaba en busca y captura desde febrero de 2024.
La segunda es procesal: el sumario no contiene la integridad del volcado, solo los fragmentos que la UDEF considera relevantes, lo que impide a la defensa comprobar si existen mensajes exculpatorios. La tercera es formal: el juez envía a EE UU una comisión rogatoria para usar una prueba que ya ha empleado en su auto, y el HSI —órgano policial dependiente de ICE, no judicial— afirma que ya obtuvo las autorizaciones necesarias, que no figuran en la causa.
Si la Audiencia Nacional considera ilegal la copia, podría aplicarse la doctrina del árbol envenenado y anularse parte del caso, como ocurrió con el caso Naseiro. El contraste con la lista Falciani y Encrochat muestra la variabilidad de la jurisprudencia española sobre pruebas obtenidas en el extranjero.