La Comunidad Valenciana ha incorporado a su legislación una norma que exige a los alumnos y alumnas mantener el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada académica y en el uso de instalaciones públicas. Esta medida, aprobada mediante la Ley 5/2026 y publicada en el BOE, modifica el reglamento de convivencia escolar para considerar la ocultación del rostro una falta grave. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular y Vox en un contexto preelectoral, busca regular el uso de prendas como el burka o el niqab en espacios educativos y de transporte, estableciendo un precedente en España donde hasta ahora la competencia residía en las escuelas locales. El contexto demográfico justifica la decisión: la región concentra el 18,5% de alumnado extranjero, superando la media nacional del 12,9%. Aunque la Inspección valenciana no ha registrado casos concretos de uso de burka, la norma refleja la creciente diversidad religiosa en el país, donde residen entre 2,4 y 2,5 millones de musulmanes. La ley no menciona explícitamente el velo islámico, limitándose a regular la visibilidad facial, y no se aplica a otras prendas como el hijab. Esta regulación marca un hito al trasladar la decisión de las escuelas a la esfera autonómica, un terreno sensible que combina derechos de educación, libertad religiosa y seguridad ciudadana.
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