La Comunidad de Madrid ejecutó este miércoles el desahucio de Dulce, Herminio y sus cinco hijos —tres menores y un bebé con síndrome de Down— de su vivienda social del complejo El Ruedo, en Moratalaz, tras un segundo intento en el mismo mes. Ocho agentes de Policía Nacional desplegaron un cordón para facilitar la entrada de la comisión judicial a las 10:30, mientras decenas de vecinos y miembros de organizaciones ciudadanas intentaban bloquear el acceso formando una cadena humana, que fue retirada por los efectivos. El padre abandonó la vivienda entre lágrimas y la familia deberá repartirse entre casas de familiares.
El caso había adquirido dimensión internacional un día antes: un organismo de la ONU trasladó al Gobierno central su preocupación por la situación y pidió frenar el desalojo u ofrecer una alternativa habitacional «que se ajuste a sus necesidades», después de que aliados de la familia denunciaran su caso ante el Comité de Derechos de la Infancia. La única oferta recibida por la Administración había sido una habitación temporal en pisos compartidos, descartada por la familia.
La noche previa, el Sindicato de Vivienda de Moratalaz y entidades como Fermad, la Asociación Caminar y Coordinadora de Barrios presentaron medidas cautelarísimas ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que no prosperaron. La familia ha cambiado la cerradura y denuncia prejuicios por su condición gitana como obstáculo para acceder a otra vivienda.