La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte en un estudio que la red pública de recarga para vehículos eléctricos en España, formada por más de 56.000 puntos, crece con obstáculos que pueden consolidarse durante años. El organismo denuncia una maraña de trámites administrativos, requisitos heterogéneos entre administraciones y plazos dilatados, factores que encarecen los proyectos y perjudican sobre todo a los operadores pequeños, a lo que se suman los cuellos de botella en la capacidad de la red eléctrica y los tiempos de conexión.
Iberdrola lidera el mercado con 2.476 ubicaciones y 9.911 puntos de carga de acceso público, seguida de Endesa (1.715 y 6.188), Repsol (1.365 y 4.895), Wenea (586 y 2.654) y EDP (326 y 899). Para evitar que se consoliden posiciones dominantes, la CNMC propone simplificar permisos, crear estándares comunes, habilitar ventanillas únicas, aplicar el principio de «solo una vez» y diseñar concesiones abiertas para ubicaciones estratégicas como carreteras y áreas de servicio. La patronal Aedive y los fabricantes de Anfac coinciden en reclamar menos burocracia, un marco regulatorio estable y una fiscalidad coherente; Anfac cifra en uno de cada cuatro los puntos de carga que no están operativos por averías o demoras en los permisos.
El informe también reclama mayor transparencia: precios poco claros, sistemas de pago dispares y baja interoperabilidad limitan la capacidad de elección de los usuarios. La CNMC pide reforzar la información, facilitar la comparación de tarifas y avanzar en la interoperabilidad entre plataformas, además de vigilar la concentración del mercado y diseñar las ayudas públicas con neutralidad competitiva.