Francia esparció durante dos décadas, entre 1972 y 1993, cientos de toneladas de clordecona sobre las plantaciones de plátano de Martinica y Guadalupe para combatir el picudo, un insecto que amenazaba la principal industria agrícola de las Antillas francesas. El insecticida, prohibido en Estados Unidos desde 1976 por su toxicidad, mantuvo autorizaciones excepcionales en el territorio francés continental hasta 1990 y en las islas hasta 1993 por la presión del sector bananero.
La persistencia del producto convirtió aquella decisión en una de las mayores crisis ambientales y sanitarias de la historia reciente del país. Diversos estudios estiman que puede permanecer en los suelos durante cerca de seis siglos y que aproximadamente el 90% de la población de ambas islas presenta trazas de clordecona en la sangre. La exposición se relaciona con un aumento del riesgo de cáncer de próstata, cuya incidencia en Martinica y Guadalupe se encuentra entre las más altas del mundo, además de posibles efectos sobre el sistema hormonal, reproductivo y nervioso.
En junio de 2026, el Parlamento francés reconoció oficialmente la responsabilidad parcial del Estado por los daños sanitarios, ambientales, económicos y morales derivados del uso prolongado del pesticida, aprobó una ley para descontaminar suelos y aguas y ampliar las compensaciones. Los trabajadores, que durante años manipularon el producto sin protección, han reclamado reconocimiento judicial y asistencia médica.