La administración de Donald Trump está reevaluando su estrategia política ante la inminente caída de su aprobación a un 37 por ciento, la más baja registrada para un presidente antes de elecciones intermedias desde 1990. Según fuentes internas, el equipo de Trump ha comenzado a contemplar la posibilidad de perder los cargos mayoritarios en la Cámara de Representantes y el Senado, un escenario que hasta ahora se consideraba improbable. Para contrarrestar el ambiente político adverso, la administración ha buscado victorias en política exterior, como un acuerdo con Dinamarca para desplegar fuerzas en Groenlandia y un acuerdo de petróleo con Venezuela, aunque este último enfrenta obstáculos legales en el país suramericano.
Sin embargo, los votantes se centran en problemas domésticos, como los precios récord de la gasolina y el diésel, y en la regulación de la inteligencia artificial. Ante la expectativa de una ola de citaciones de los demócratas en el Congreso, la Casa Blanca ha preparado una estrategia dual basada en la invención de privilegios ejecutivos y abogado-cliente. Esta defensa legal se fortalece tras la decisión de 2024 de la Corte Suprema, que limitó el acceso judicial a las deliberaciones presidenciales. Además, la administración ha integrado a sus abogados personales en cargos gubernamentales, como el fiscal general, para crear una red de protecciones legales que dificulte la supervisión legislativa durante los próximos años.