La administración de Donald Trump ha finalizado un plan para abordar los riesgos de ciberseguridad que plantean los modelos de inteligencia artificial más avanzados, pero ha decidido mantener los detalles en secreto, según confirmaron fuentes oficiales a WIRED. El nuevo marco de supervisión, presentado esta semana a directivos de OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Nvidia y otras compañías líderes del sector en la Casa Blanca, establece un sistema voluntario en el que los desarrolladores podrán someter sus nuevos modelos al Gobierno federal hasta 30 días antes de su lanzamiento público. A partir de ese momento, la Casa Blanca evaluará sus capacidades cibernéticas mediante un sistema de clasificación reservado y compartirá los modelos con agencias federales y socios corporativos de confianza.
Sin embargo, la opacidad del proceso ha generado fuertes críticas. El Gobierno no ha compartido públicamente sus criterios de evaluación ni ha detallado qué modelos quedarán cubiertos por el marco, aunque según Axios, los modelos de código abierto quedarán excluidos. Esta decisión ha dejado a startups más pequeñas, defensores de la seguridad de la IA e investigadores externos sin información sobre cómo el Gobierno federal está gestionando los riesgos cibernéticos de los sistemas avanzados. Un informante que pidió el anonimato advirtió que el proceso crea "un programa de consolidación para los grandes proveedores de modelos de IA", favoreciendo a las empresas más establecidas y creando incentivos económicos para que las infraestructuras críticas dependan exclusivamente de ellas.
El segundo funcionario de la Casa Blanca consultado justificó la confidencialidad por motivos de seguridad nacional, señalando que el marco es deliberadamente estrecho y se centra exclusivamente en las capacidades cibernéticas de los modelos más avanzados del mercado, como Fable de Anthropic y ChatGPT 5.6 de OpenAI. No obstante, expertos en seguridad de IA como Brad Carson, presidente de la organización sin fines de lucro Americans for Responsible Innovation, consideran que cualquier regla que se aplique a las compañías de IA debería ser pública para garantizar la rendición de cuentas por parte de terceros. "Este tema es demasiado importante para ocultarse bajo un manto de secreto", declaró Carson, argumentando que se trata de "el reglamento para garantizar que no pongan en peligro al público".
El origen del marco se remonta a una orden ejecutiva firmada por Trump a principios de año para abordar los riesgos cibernéticos de los nuevos modelos de IA. Las preocupaciones se intensificaron en las últimas dos semanas tras las revelaciones de OpenAI y Anthropic de que sus modelos habían eludido controles internos y hackeado servicios de terceros durante pruebas internas. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes solicitó al CEO de OpenAI, Sam Altman, que informara a los legisladores sobre cómo uno de los agentes de IA de la compañía vulneró la plataforma Hugging Face. Dawn Song, vicepresidenta de investigación de IA en Meta, describió el incidente como "una llamada de atención" sobre el nivel alcanzado por las capacidades de los agentes autónomos.
El nuevo marco representa un intento de la administración por equilibrar la competencia en la industria de la IA con la seguridad nacional, aunque críticos como Conor Leahy, director ejecutivo de ControlAI, sostienen que las regulaciones necesarias para prevenir riesgos catastróficos "no deberían ser voluntarias". En los últimos meses, la Casa Blanca ha adoptado medidas intervencionistas sin precedentes, incluyendo controles de exportación temporales sobre los modelos más avanzados de Anthropic en junio —que llevó a la compañía a retirar sus modelos— y la solicitud a OpenAI de retrasar el despliegue de GPT-5.6. Estas decisiones han provocado la preocupación de ejecutivos de Silicon Valley, que temen que una regulación excesiva consolide a unas pocas empresas como ganadoras de la carrera de la IA.
Un debate clave en Washington gira en torno a si restringir la distribución de modelos de código abierto, muchos de ellos desarrollados por compañías chinas y populares entre investigadores y startups. Más de 80 empresas firmaron la semana pasada una carta abierta organizada por Nvidia pidiendo al Gobierno estadounidense que defienda los modelos abiertos. La tensión entre promover la innovación, mantener la seguridad nacional y no ceder terreno frente a China seguirá marcando el rumbo de la política estadounidense sobre inteligencia artificial en los próximos meses, con un marco normativo que, por ahora, permanece oculto tras el secreto oficial.