La autoridad holandesa de protección de datos (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) ha impuesto a Uber una multa récord de 825 millones de euros (unos 966 millones de dólares) por desactivar cuentas de conductores a través de sistemas automatizados sin proporcionarles una advertencia adecuada ni intervención humana. Se trata de la segunda sanción más elevada jamás aplicada bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, solo por detrás de los 1.200 millones de euros que Irlanda impuso a Meta en 2023 por transferir datos de usuarios europeos a Estados Unidos, según informó The Guardian.
La decisión, fechada el pasado 17 de agosto, surge de una investigación que cubre incidentes ocurridos entre 2018 y 2022 en territorio europeo. El caso tiene su origen en una denuncia presentada en Francia por Brahim Ben Ali, un exempleado de Uber cuya cuenta fue desactivada en 2019. Ben Ali recopiló los testimonios de otros 170 conductores y trasladó su queja a Países Bajos, donde la compañía tiene su sede europea. La organización suiza de derechos digitales PersonalData.IO, fundada por Paul-Olivier Dehaye, asesoró a los conductores en la recopilación de pruebas sobre cómo se tomaban las decisiones algorítmicas que afectaban a su trabajo.
La autoridad holandesa sostiene que Uber incurrió en "infracciones graves" al desactivar cuentas sin aviso ni revisión humana. La vicepresidenta de la AP, Monique Verdier, declaró que "de un momento a otro (los conductores) dejaron de tener ingresos. Un ordenador no debería tomar decisiones por sí solo con consecuencias tan importantes". El Reglamento europeo prohíbe que las decisiones que afectan significativamente a la vida de las personas —como el empleo— se adopten exclusivamente mediante algoritmos, exigiendo una revisión humana significativa y mecanismos de recurso.
Uber anunció que recurrirá la sanción. Un portavoz de la empresa calificó la multa de "desproporcionada" y aseguró que la compañía "se toma en serio los derechos de los conductores", señalando que sus políticas incluyen revisión humana y opciones de disputa. La compañía defiende que las suspensiones derivadas de sospechas de fraude —por ejemplo, cuando sus sistemas detectaban rutas innecesariamente largas para inflar tarifas o viajes aceptados sin intención de completarse— suelen ser breves y nunca implican la desactivación permanente sin intervención humana. En cuanto a los conductores con bajas valoraciones, Uber argumenta que solo 126 cuentas fueron desactivadas en Europa por ese motivo en 2021 y que tampoco en esos casos se automatiza la desactivación definitiva, un extremo que la AP contradice.
La sanción se calculó como una fracción de la facturación anual de Uber en 2025. Se trata de la tercera multa que la autoridad holandesa impone a la plataforma, tras una sanción de 290 millones de euros por el tratamiento de datos personales de conductores y otra de 10 millones relacionada con cuestiones conexas. Las tres, según Dehaye, tienen su origen en las denuncias de este mismo grupo de conductores, que ahora preparan una acción colectiva para reclamar compensaciones económicas a Uber.
La sanción se enmarca en una oleada de multas europeas contra grandes tecnológicas estadounidenses. Solo el mes pasado, la UE multó a Google con 890 millones de euros por prácticas anticompetitivas. Meta, Google, Apple y Amazon acumulan múltiples sanciones, aunque las cifras iniciales suelen reducirse o anularse tras años de apelación. Donald Trump ha criticado estas multas y, en abril, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense las calificó como la "mayor fuente de fricción" en las relaciones económicas entre Estados Unidos y la UE.
El caso ha generado un debate sobre el equilibrio entre la automatización y la supervisión humana. El analista tecnológico John Gruber, del blog Daring Fireball, advirtió de que la decisión podría hacer "ilegal en la UE que Uber controle a sus conductores para evitar estafas o que dejen a usuarios tirados". Dehaye respondió que Gruber "no entiende el punto": "Uber es libre de usar humanos para sancionar a conductores que engañan, pero entonces debe asumir la responsabilidad de esas decisiones, como un empleador, no como un mercado". En cualquier caso, el desenlace del recurso podría redefinir los límites del uso de algoritmos en la gestión laboral de las plataformas digitales en Europa.