La Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha denegado la solicitud del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para suspender cautelarmente la instalación del campamento de migrantes en el Puerto de Ceuta. Los tres magistrados responsables argumentan que la resolución del Ministerio de Transportes, que autoriza el uso de 16.000 metros cuadrados de dominio público, constituye una autorización temporal para el desarrollo de funciones de atención humanitaria y no justifica una paralización inmediata. La decisión judicial permite al Gobierno proceder con el traslado de los primeros 800 migrantes de la playa de El Trampolín a las nuevas carpas, una previsión que el Ejecutivo esperaba materializar a mitad de la semana. El SUP había solicitado la medida cautelar para garantizar la compatibilidad con la seguridad, la protección y la prevención de riesgos laborales, citando los recientes incendios en asentamientos improvisados como evidencia de la necesidad de evaluar previamente las condiciones de seguridad. La resolución aclara que el Ministerio del Interior asumirá la responsabilidad de definir las condiciones de seguridad específicas para los agentes y los migrantes, mientras que el Ministerio de Transportes solo otorgó la autorización sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar la normal explotación del puerto.
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