La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas para esclarecer si la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos, ocurrida la semana pasada, fue una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal. En un auto fechado el 31 de julio, la jueza del Juzgado Central de Instrucción 3, María Tardón, ha solicitado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe que determine si existió coordinación y que identifique a los posibles participantes. Con ese informe, la magistrada resolverá si el tribunal es competente para asumir la investigación penal.
La causa se abrió tras una denuncia del partido Iustitia Europa, que atribuía los hechos a posibles delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia iba dirigida contra personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades y estructuras estatales o paraestatales, incluidas las autoridades marroquíes y españolas implicadas.
El partido denunciante reclamaba oficios al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al Departamento de Seguridad Nacional y al Ministerio de Defensa, así como las grabaciones de cámaras térmicas y radares de la Guardia Civil en la frontera del Tarajal. Sin embargo, el auto de la jueza se limita por ahora a pedir el informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras antes de decidir sobre la competencia penal de la Audiencia Nacional.