La Audiencia Nacional ha decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias previas contra el emprendedor Carlos de Ory, quien fue querellado por cientos de inversores por un presunto delito de estafa. El tribunal ha determinado que no ha quedado acreditado que existiera una intención de incumplir las promesas hechas a los clientes para invertir en su proyecto de construcción de una nueva ciudad en una isla virgen de Indonesia. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento al considerar que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no había probado el "ánimo defraudatorio", apuntando a una vía civil por posible incumplimiento contractual.
La investigación constató que De Ory realizó pagos superiores a dos millones de euros para adquirir terrenos y transferencias a empresas de arquitectura y construcción, lo que demostró una actividad inversora real y una ejecución material parcial del proyecto. Un informe del Agregado de Interior de España en Indonesia confirmó la existencia de veinte "glampings", cuatro villas construidas e infraestructuras auxiliares, coincidentes con lo publicitado. Sin embargo, los inversores reportaron que las construcciones estaban en mal estado y muy lejos de los plazos anunciados, con la entrega prevista para junio de 2025. El tribunal concluyó que la insuficiencia o retraso empresarial no constituye necesariamente un ilícito penal, sino que es necesario acreditar la intención de apropiarse de los fondos desde el inicio, extremo que consideró no probado.