La Administración Trump ha propuesto una nueva regulación que reescribe las normas de asistencia financiera federal y que, según varios analistas, representa una amenaza sin precedentes al sistema descentralizado de financiación científica de Estados Unidos. La regla, impulsada por el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, otorga al presidente y a sus cargos políticos la facultad discrecional de cancelar fondos o sancionar a beneficiarios por prácticamente cualquier motivo, con escasas posibilidades de recurso.
Organizaciones como la AAAS han rechazado la normativa con duros disensos, calificándola de «descarada apropiación de poder» que burlaría la voluntad del Congreso y pondría el futuro de los descubrimientos científicos en manos de un burócrata. Comentistas independientes, entre ellos Grayson Logue en The Dispatch, Noah Smith y el propio autor del blog Marginal Revolution, coinciden en que la medida expandirá la politización, el abuso y la corrupción en la concesión de ayudas.
Los críticos sostienen que el cambio destruye un equilibrio histórico: la descentralización de la ciencia, aunque frágil, ha sido una excepción poco común que resulta más fácil de destruir que de reconstruir. Tyler Cowen advierte de que Estados Unidos está adoptando «las políticas perdedoras de naciones autoritarias», en las que el control centralizado de la ciencia es la norma porque beneficia al partido en el poder, sea cual sea su signo.