Nueve meses después de la entrada en vigor de la Ley 7/2025, la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) sigue sin estatuto, sin director, sin Consejo Rector, sin sede y sin personal. El plazo de seis meses para aprobar el estatuto mediante real decreto venció el 29 de enero de 2026 sin que el Ministerio de Sanidad lo haya activado, y la decisión sobre la sede, inicialmente prevista para diciembre de 2025 y luego para el 17 de febrero de 2026, se aplazó oficialmente al 18 de agosto de 2026. Ocho ciudades —Oviedo, Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León y Lugo— habían presentado candidaturas. Sin estatuto no hay estructura organizativa, sin ella no pueden convocarse puestos de trabajo y sin Consejo Rector no es posible nombrar director, de modo que cada retraso multiplica el siguiente. La AESAP fue reclamada en mayo de 2020 por la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso tras la primera ola de la pandemia de COVID-19. Un primer proyecto decayó con el adelanto electoral de 2023 y un segundo fue rechazado en el pleno del 20 de marzo de 2025; PP, Junts y Vox sumaron sus votos en contra pese a que el PP había apoyado el texto en comisión. La norma definitiva se aprobó el 22 de julio de 2025 y se publicó en el BOE el 29 de julio. La Ley 33/2011 ya preveía un centro estatal que nunca se puso en marcha. Como referencia internacional, Canadá creó la Public Health Agency of Canada en menos de un año tras el SARS de 2003 y el Reino Unido tardó quince meses en levantar la UK Health Security Agency tras el COVID-19.
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