Un juez federal rechazó el jueves la solicitud de más de una veintena de estados demócratas de suspender cautelarmente una política de la Administración Trump que obligará a los beneficiarios de Medicaid con enfermedades terminales a demostrar que están demasiado enfermos para trabajar, so pena de perder su cobertura sanitaria. La norma, anunciada en julio por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), entrará en vigor el 1 de enero de 2028 y establece que diagnósticos de cáncer, VIH/sida o párkinson no bastan por sí solos para obtener la exención por "fragilidad médica" prevista en la ley.
El requisito fue introducido en la megaley fiscal republicana de 2025, que impuso 80 horas mensuales de trabajo a los receptores de la expansión de Medicaid —personas con ingresos iguales o inferiores al 138 % del umbral de pobreza— y prevé más de un billón de dólares en recortes fiscales para el 1 % más rico. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que las reformas republicanas dejarán sin seguro a unos 11,8 millones de estadounidenses en la próxima década, 5,7 millones de ellos por no cumplir el trabajo o por la nueva carga burocrática.
Los fiscales generales demócratas de 25 estados y el Distrito de Columbia, junto con asociaciones médicas como la American Medical Association y la American Cancer Society, sostienen que la regla añade un obstáculo vago y restrictivo que perjudicará a pacientes vulnerables. El juez Richard Stearns no se pronunció sobre el fondo del litigio, cuya sentencia está prevista antes del 1 de enero.