La Administración de Donald Trump ha intervenido en la demanda por derechos de autor que el New York Times mantiene contra OpenAI y Microsoft, presentando un escrito de apoyo a la posición del laboratorio de inteligencia artificial. El documento, conocido como "statement of interest" y presentado esta semana ante un tribunal federal de Manhattan, respalda la tesis de OpenAI de que el entrenamiento de sus modelos de lenguaje a gran escala (LLM) con artículos del periódico constituye un uso legítimo ("fair use") conforme a la legislación estadounidense.
En el escrito, los abogados del Gobierno estadounidense argumentan que el New York Times busca "estrechar la doctrina de uso legítimo para excluir el entrenamiento de los LLM de OpenAI", lo cual sería "inconsistente con los principios básicos del derecho de autor" y limitaría gravemente "el progreso de la ciencia y las artes útiles", una referencia a la cláusula constitucional que fundamenta la protección intelectual en Estados Unidos. Según el documento, los modelos de lenguaje ya están ayudando a investigadores de múltiples campos a lograr avances significativos, y restringir su desarrollo por una "interpretación errónea" del fair use "frustraría ese progreso creativo y científico al tiempo que obstaculizaría la prosperidad y la movilidad económica estadounidenses".
El fiscal general asociado Stanley Woodward Jr. fue aún más lejos en una publicación en X: "El dominio de la IA es fundamental para promover la seguridad nacional, la prosperidad y la movilidad económica de todos los estadounidenses. Esta Administración nunca permitirá que nuestra nación quede en desventaja frente a adversarios extranjeros por una interpretación manifiestamente incorrecta de la legislación sobre derechos de autor". En la misma línea, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, pidió a los responsables del G20 reunidos en Carolina del Norte que sus países adopten el principio de uso legítimo para que las empresas de IA puedan entrenar con obras de creadores, encontrando fórmulas para "proteger a los artistas".
La demanda original fue presentada en diciembre de 2023 por el New York Times, que acusa a OpenAI y a su principal respaldo financiero, Microsoft, de haber utilizado millones de artículos periodísticos sin autorización para entrenar su popular chatbot. El periódico reclama "miles de millones de dólares" en daños y perjuicios, y a la acción se han sumado posteriormente otros medios como el Chicago Tribune, el New York Daily News y el Center for Investigative Reporting. El caso podría sentar un precedente determinante para decenas de litigios similares que enfrentan a editoriales y autores contra laboratorios como OpenAI, Anthropic y Meta.
La postura de la Administración se inscribe en una estrategia más amplia. Trump ha abogado previamente por considerar el entrenamiento de IA como uso legítimo en su Marco Legislativo Nacional de Inteligencia Inteligencia Artificial, y ha recurrido con frecuencia a escritos de interés en litigios privados, una herramienta que un alto funcionario del Departamento de Justicia ha calificado como "increíblemente exitosa" para avanzar en sus objetivos de política pública. Paradójicamente, el propio presidente mantiene una demanda por difamación contra el New York Times, lo que refleja una relación conflictiva con el rotativo.
Mientras el litigio avanza, el sector editorial ha explorado salidas negociadas: medios como The Associated Press, Axel Springer y Vox Media han firmado acuerdos de licencia con OpenAI, y el propio New York Times suscribió en 2025 un pacto con Amazon para que su contenido editorial alimente las herramientas de IA generativa de la compañía. El contraste ilustra la complejidad del debate: algunos editores prefieren monetizar sus contenidos mediante acuerdos, mientras otros, como el Times, han optado por la vía judicial.
En el terreno judicial ya existen decisiones relevantes. En 2025, un juez concluyó que Anthropic podía entrenar legalmente sus modelos con libros adquiridos de forma lícita, aunque la consideró responsable por piratería, lo que desembocó en un acuerdo histórico de 1.500 millones de dólares con los autores demandantes. Los dos primeros jueces que abordaron la cuestión del uso legítimo emitieron fallos divergentes el año pasado, lo que anticipa un debate judicial intenso.
El Gobierno coincide con las tecnológicas en que el entrenamiento de IA es "extraordinariamente" transformador, un argumento central en cualquier análisis de fair use. No obstante, el escrito de la Administración es consultivo y carece de peso legal vinculante, aunque podría reforzar la posición de OpenAI ante el tribunal. Las partes no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. De cara al futuro, la resolución de este caso definirá el equilibrio entre la protección de los creadores y el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos y, por extensión, la posición competitiva del país frente a China y otras potencias tecnológicas.