La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Massachusetts lanzó esta semana un kit de herramientas en línea, el primero de su tipo, dirigido a abogados penalistas para que puedan descubrir si la policía empleó tecnologías de vigilancia —reconocimiento facial, lectores automáticos de matrículas, detectores de disparos, simuladores de antenas de telefonía o herramientas de inteligencia artificial— al construir casos contra sus clientes sin revelarlo.
El recurso se compone de mociones legales elaboradas a mano que, cuando un juez las concede, obligan a la fiscalía a divulgar si se utilizó tecnología de vigilancia contra un acusado. Incluye también mociones de preservación que piden a agencias públicas y proveedores privados conservar los datos antes de que se eliminen automáticamente. Los escritos se fundamentan en la regla Brady, establecida en 1963, que obliga a la fiscalía a entregar toda evidencia que pueda ayudar a la defensa. Las plantillas se distribuirán a través de una biblioteca digital protegida por contraseña, accesible solo para abogados defensores verificados.
Las autoras del proyecto, Jennifer Herrmann y Gideon Epstein, sostienen que existe un desfase crónico entre la adopción policial de nuevas herramientas y los pronunciamientos judiciales sobre su legalidad. Los casos de falta de divulgación suelen ocultarse: el FBI obligó durante años a policías locales a firmar acuerdos de confidencialidad sobre los simuladores de antenas; en Baltimore, la policía usó esos dispositivos más de 4.300 veces entre 2007 y 2015; el software Fog Reveal se empleó en un juicio por asesinato en Misuri sin figurar en las pruebas; y Randal Quran Reid fue detenido una semana en Luisiana por una identificación errónea de reconocimiento facial atribuida a "una fuente fiable". El kit busca cerrar esa brecha y forzar la transparencia en los tribunales.