El inversionista y estrella de Shark Tank, Kevin O'Leary, acordó reducir a la mitad el tamaño de su ambicioso centro de datos en Utah, conocido como Proyecto Stratos, tras la creciente presión de residentes, activistas y autoridades locales preocupadas por el consumo de agua, el impacto ambiental y la falta de transparencia. En una carta enviada al presidente del Senado de Utah, J. Stuart Adams, O'Leary anunció la eliminación de 19,430 acres del proyecto original de 40,000 acres, además de otros 620 acres adicionales en una zona cercana a una autopista, según informó The Verge.
El Proyecto Stratos, ubicado en el condado de Box Elder y en los alrededores del Área de Manejo de Aves Acuáticas de Locomotive Springs, contemplaba originalmente una extensión casi tres veces mayor que la isla de Manhattan. La iniciativa, liderada por O'Leary como presidente de O'Leary Digital, pretendía convertirse en uno de los centros de datos más grandes del mundo, pero la fuerte oposición local obligó a una drástica reducción, de acuerdo con Ars Technica.
La principal preocupación de los habitantes de la región era el posible agotamiento de los recursos hídricos, especialmente del Gran Lago Salado, que continúa reduciéndose. Decenas de residentes incluso pagaron una tarifa de 15 dólares para registrar comentarios en contra de la transferencia de 1,900 acres-pie de agua desde un rancho hacia el centro de datos. Entre otras inquietudes también figuraban el aumento en las facturas de electricidad, los riesgos para la calidad del aire, el impacto sobre la fauna local y la afectación al territorio.
Aunque la solicitud inicial del senador Adams era reducir el proyecto en un 75% —lo que lo habría dejado en unas 10,000 acres—, O'Leary solamente cedió la mitad, manteniendo una superficie aproximada de 20,000 acres, todavía mayor que Manhattan. No obstante, según Ars Technica, aproximadamente 10,000 acres del terreno restante quedarán sin desarrollar, por lo que solo un 25% del área original se utilizará efectivamente para la construcción del centro de datos. O'Leary también se comprometió a preservar la mayor parte de la superficie restante como espacio abierto.
El episodio pone de relieve el creciente poder de la movilización ciudadana frente a los megaproyectos tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial. O'Leary, en declaraciones a una afiliada local de ABC, reconoció abiertamente sus errores de comunicación: "Realmente la regamos", afirmó el empresario, admitiendo que no esperaba "este tipo de rechazo tan intenso del público". Añadió que él y los funcionarios estatales "asumieron que la gente estaría emocionada" con la inversión, lo que los llevó a "cometer grandes errores" al no involucrar a la comunidad desde el principio. "Enojamos a mucha gente, y esa no es la forma en que hago negocios", reconoció.
En una gala sobre inteligencia artificial celebrada en Washington D.C., O'Leary aseguró que no tuvo "más remedio" que aceptar la reducción, según NBC News. La presión ejercida por Adams, senador republicano, fue determinante para que el magnate accediera a negociar, aunque el recorte finalmente fue menor al solicitado originalmente.
Desde una perspectiva más amplia, este caso ilustra las tensiones que enfrenta la industria tecnológica en su intento por expandir la infraestructura necesaria para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial. Aunque un centro de datos de 20,000 acres sigue siendo descomunal, los expertos y medios especializados señalan que incluso proyectos mucho más pequeños generan preocupación por su elevado consumo energético, su huella de carbono y su potencial contaminación.
Con la reducción anunciada, el Proyecto Stratos seguirá siendo un desarrollo de enormes dimensiones en un estado que busca equilibrar su creciente atractivo para la industria tecnológica con la protección de recursos naturales cada vez más escasos. Adams había solicitado también la implementación de tecnologías que minimicen el consumo de agua y la desviación del exceso hídrico hacia el Gran Lago Salado, demandas que ahora se vuelven centrales en la ejecución del proyecto. La pregunta abierta es si este compromiso será suficiente para apaciguar a una comunidad que ya demostró su capacidad de organización y su disposición a pagar —y pelear— por defender su entorno.