Kentucky mantiene una amplia exención del impuesto sobre las ventas para los equipos de centros de datos que puede prolongarse hasta 50 años, aunque todavía no la ha concedido a ningún proyecto. Aprobada en 2024 para el condado de Jefferson y ampliada a todo el estado en 2025, la medida cubre prácticamente toda la informática, refrigeración, energía y sistemas de seguridad que adquiere un centro, alrededor del 85-90% del coste total. Para acceder, un proyecto debe invertir al menos 450 millones de dólares en condados grandes, 100 millones en medianos y 25 millones en pequeños. El Kentucky Center for Economic Policy advierte que la estimación oficial de 15 millones anuales está desfasada. Analizando solo cuatro proyectos —una planta de 400 MW en el condado de Jefferson, otra de TeraWulf de 482 MW en Hawesville, un campus de 1 GW de TeraWulf en Boyd/Greenup y un proyecto de 1,2 GW en el condado de Mason, con 3,084 GW en total— y aplicando precios conservadores de 8-15 millones por MW, el estado podría dejar de ingresar entre 1.200 y 2.200 millones de dólares solo en el equipamiento inicial, sin contar las renovaciones periódicas cada 3-5 años, que mantendrían la pérdida de ingresos durante décadas. El centro sostiene que estos subsidios detraerían dinero del Fondo General destinado a educación, Medicaid e infraestructura en un contexto de recortes, y señala que cada vez más estados reconsideran o suspenden incentivos similares.
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