Este martes arrancan en Oakland los argumentos iniciales de un juicio histórico contra Meta, en un proceso que podría redefinir el futuro de Facebook e Instagram y establecer un precedente sin precedentes en la regulación de las grandes tecnológicas. La demanda, presentada en 2023, reúne a una coalición de 29 fiscales generales estatales liderados por el fiscal de California, Rob Bonta, junto con representantes de Colorado, Nueva Jersey y Kentucky, que acusan a la compañía de Mark Zuckerberg de haber diseñado productos adictivos orientados a menores y de violar leyes federales y estatales, entre ellas la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) y diversas normas de protección al consumidor.
El caso se presenta apenas unas semanas después de que Meta sufriera una derrota resonante en Nuevo México, donde un jurado determinó en marzo que la empresa debía pagar 375 millones de dólares por violar la ley estatal de prácticas desleales. En agosto, un juez añadió otros 567 millones de dólares para un fondo de mitigación dentro de la segunda fase del proceso, centrado en la explotación sexual infantil. Meta anunció que apelará, pero el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, advirtió de que las consecuencias en California podrían ser 'astronómicas'. 'Si trasladamos el mismo argumento a California, Florida, Texas o Nueva York, hablamos de una fuerza potencialmente masiva y capaz de transformar el mercado', señaló.
Expertos del sector no han dudado en calificar el momento como el 'Big Tobacco' de las redes sociales, en referencia al golpe judicial que en los años noventa obligó a las tabacaleras a pagar miles de millones y redujo drásticamente su influencia. Según Julia Powles, directora ejecutiva del Instituto de Tecnología, Derecho y Política de la Universidad de California en Los Ángeles, 'California importa más que cualquier otra jurisdicción en Estados Unidos; es donde Meta está sujeta al mayor alcance legal y un veredicto aquí se observa en todo el mundo'.
El impacto potencial para Meta es enorme. La empresa obtiene el 98% de sus ingresos de la publicidad digital y Zuckerberg depende de ese flujo de caja para financiar su apuesta por la inteligencia artificial, con inversiones que podrían alcanzar los 145.000 millones de dólares este año. Los abogados defensores han llegado a advertir de que las indemnizaciones podrían dispararse hasta 1,4 billones de dólares, aunque los fiscales estatales consideran más realista una cifra cercana a los 200.000 millones.
En lo sustantivo, los estados sostienen que Meta concibió sus aplicaciones de forma deliberadamente adictiva, conocía los riesgos y engañó a familias y comunidades sobre su peligrosidad. Bonta fue tajante al presentar el caso: 'Meta diseñó un producto peligroso para usuarios jóvenes, sabía que lo era y mintió al respecto. Estamos listos para hacerla responsable de su papel en la crisis de salud mental de los niños estadounidenses'. La compañía, por su parte, rechazó las acusaciones y calificó las reclamaciones de 'infundadas' y las exigencias económicas de 'desproporcionadas'. En un comunicado, argumentó que los fiscales 'no aportan pruebas de que alguien en sus estados fuera engañado' y que intentan penalizarla por 'retos comunes a todo el sector, como la verificación de edad'.
El proceso cobra especial relevancia porque, a diferencia de las demandas de particulares, los fiscales generales pueden exigir modificaciones estructurales en el diseño y los algoritmos de las plataformas. Laura Marquez-Garrett, abogada del Centro Legal para Víctimas de Redes Sociales que participó en el reciente juicio de Los Ángeles contra Meta y Google, explicó que 'tienen la capacidad, que los demandantes privados normalmente no tienen, de obligar a estas empresas, a través del sistema judicial, a cambiar su modelo de negocio y sus decisiones de diseño'. Una sentencia adversa en California podría imponer remedios de alcance nacional, evitando la fragmentación estado por estado y sorteando parcialmente la protección legal que ofrece la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.
Aunque las demandas civiles en Los Ángeles ya obligaron a Meta a indemnizar a demandantes individuales, el proceso de Oakland tiene un alcance sistémico mucho mayor. De hecho, en marzo un jurado de Los Ángeles ya declaró a Meta negligente y a YouTube responsable de no advertir sobre los peligros de sus plataformas, un fallo que sentó las bases del litigio actual.
El desenlace del juicio se antoja decisivo no solo para Meta, sino para toda la industria tecnológica. De salir perdiendo, la empresa se enfrentaría a una reforma profunda de sus algoritmos y a una multa billonaria que pondría en jaque su estrategia financiera. De ganar, obtendría un respiro legal considerable, aunque la presión regulatoria y social sobre el papel de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes continuará creciendo. En cualquier caso, la opinión pública y los mercados observan con atención un proceso que, como advirtió Torrez, podría terminar con 'un titular astronómico' en las portadas de medio mundo.