Un tribunal de Palma ha suspendido a última hora el lanzamiento de una familia con tres menores de edad, tras la alerta de la organización Stop Desahucios Mallorca. La medida judicial se confirmó con escaso margen, según denunció el portavoz de la entidad, Joan Segura, quien criticó las dificultades que enfrentan las familias vulnerables en los procedimientos de desahucio. El conflicto surgió tras la pérdida de empleo de un miembro de la familia, lo que provocó la resolución del contrato de arrendamiento y la iniciación de un procedimiento para recuperar la vivienda. La empresa arrendataria, vinculada a un empresario propietario de una academia de idiomas, se personó como pequeña tenedora, aunque la organización cuestiona esta clasificación al considerar que el inmueble se alquila como vivienda pese a ser un local. Stop Desahucios invoca las medidas extraordinarias de protección aprobadas en 2020, específicamente la disposición adicional tercera, y reclama la mediación o la oferta de una alternativa habitacional. La entidad sostiene que el procedimiento debería permanecer suspendido hasta 2030 y plantea que la familia pueda acogerse a las nuevas medidas de protección en materia de vivienda, conocidas como el 'decreto Maricarmen', aunque advierte de que aún es pronto para determinar su aplicación concreta. La organización considera que estos decretos son los mejores paliativos ofrecidos por el Gobierno durante la legislatura, pero reconoce sus limitaciones.
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