Un juez de Aznalcázar (Sevilla) investiga a la finca Aljóbar, gestionada por Eurotécnica Agraria, por desobediencia judicial tras ordenar la reabertura de nueve pozos clausurados. La investigación surge de la visita de una patrulla de guardias civiles el 22 de septiembre de 2026, cuando detectaron que los pozos ya estaban funcionando, a pesar de que el juez había archivado la causa y levantado la prohibición de uso doce días antes. El conflicto comenzó en 2023, cuando dos extrabajadores denunciaron pozos ilegales. En febrero de 2025, se encontraron nueve pozos sin licencia cubiertos con mallas verdes para evadir la detección aérea. Según la Guardia Civil, se extrajeron entre 3.800 y 6.640 millones de litros de agua ilegalmente, generando un beneficio de 5,1 millones de euros y un daño ambiental estimado entre 732.000 y 1,13 millones de euros. Sin embargo, el tribunal consideró que las extracciones no constituyen un delito penal, sino una infracción administrativa, argumentando que el riesgo ambiental no puede presumirse y que la gravedad alegada carece de base técnica, dado que el acuífero del Aljarafe Sur solo se encuentra un 2% por encima del límite de 'mal estado'. El caso se ha convertido en un precedente paradigmático sobre la dificultad para perseguir el mal uso del agua en España, donde la condena por uso indevido sigue siendo extremadamente compleja.
