Un juez de Dakota del Norte ha formalizado una orden que obliga a Greenpeace a pagar 345 millones de dólares a Energy Transfer, la empresa desarrolladora del Dakota Access Pipeline. La decisión se produce tras un veredicto de un jurado de marzo de 2025 que inicialmente había ordenado a Greenpeace pagar 667 millones de dólares, por supuestas acciones perjudiciales durante las protestas contra la construcción del oleoducto en 2016 y 2017, así como por difamación. El juez redujo la cantidad original, alegando que excedía los límites legales. Greenpeace niega las acusaciones y considera que la demanda es un intento de silenciar a sus críticos. La organización planea solicitar un nuevo juicio o una revisión de la sentencia. La decisión se produce tras años de litigio y sigue a una demanda presentada por Energy Transfer en 2019, acusando a Greenpeace de organizar ataques y campañas de desinformación. Greenpeace, a su vez, ha presentado una demanda contra Energy Transfer en los Países Bajos, alegando que la empresa está utilizando el sistema legal estadounidense para acosar a la organización ambientalista. La disputa subraya las tensiones entre la industria de los combustibles fósiles y los grupos ecologistas.
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