Un juez federal estadounidense, Leo Sorokin, bloqueó este lunes la política del presidente Donald Trump que imponía una tarifa de 100.000 dólares a las nuevas visas H-1B, al considerar que la medida violaba la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución por no estar debidamente justificada y constituir un gravamen. La decisión llega en un momento crítico para Alaska, donde 341 de los 573 docentes internacionales que trabajan en el estado dependen de este visado, y en algunos distritos rurales representan entre el 50% y casi el 80% del profesorado. La delegada del Consejo de Administradores Escolares de Alaska, Lisa Parady, advirtió de que añadir esa tarifa al coste de contratación, que ya oscila entre 6.000 y 12.000 dólares por profesor, habría vuelto insostenible la contratación de docentes.
La senadora republicana Lisa Murkowski, que ya presentó en marzo el proyecto de ley S.4087 para eximir a los empleados de escuelas públicas de estas tasas, calificó el fallo como un «alivio bienvenido» para los estudiantes de Alaska y avanzó que seguirá trabajando para eliminar la tarifa de forma permanente. Su colega Dan Sullivan, también republicano, copatrocina la iniciativa. La Legislatura estatal aprobó en mayo una resolución conjunta unánime pidiendo la exención y advirtiendo de que, sin ella, el Estado se vería obligado a pagar millones de dólares por los beneficiarios del visado o prescindir de esos docentes.