El Gobierno de Japón ha elevado drásticamente el coste de la residencia permanente para extranjeros, pasando de 10.000 a 200.000 yenes (aproximadamente 64 a 1.270 dólares) a partir de octubre. Esta medida, la mayor subida aplicada hasta la fecha, busca frenar la inmigración masiva que ha crecido un 9,5% en el último año, situándose en máximos históricos con 4,12 millones de residentes extranjeros. La primera ministra Sanae Takaichi justifica la decisión argumentando que la rápida llegada de extranjeros ha generado ansiedad y una percepción de injusticia entre la población, y defiende que las nuevas reglas permitirán una convivencia más ordenada. Además del aumento de precios, los solicitantes deberán acreditar ingresos estables superiores a la media nacional (5,75 millones de yenes anuales) y demostrar expectativas de pensión comparables a 30 años de cotización. Desde abril, se evaluarán también requisitos de conocimiento del idioma y las costumbres japonesas. Esta política se enmarca en una profunda crisis demográfica: Japón ha perdido más de tres millones de habitantes entre 2020 y 2025, con una población envejecida que supera las 100.000 personas centenarias. Aunque el país necesita mano de obra extranjera para sostener su economía, la reacción política ha llevado a endurecer las condiciones de permanencia, creando una paradoja donde se atrae talento temporalmente pero se dificulta su integración permanente.
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