Japón ha modificado su Código Civil para introducir por primera vez la autoridad parental compartida (kyodo shinken) tras el divorcio, con el objetivo de desmontar el incentivo que durante décadas empujaba a uno de los progenitores a llevarse al hijo antes de iniciar la separación. Hasta abril, el sistema solo reconocía la custodia exclusiva y los tribunales solían otorgársela a quien ya convivía con el menor, lo que convirtió la sustracción parental en una estrategia tolerada de facto, según el abogado Masanori Tanabe. El fundador de Kizuna Child-Parent Reunion, John Gomez, señala que algunos letrados llegaron a recomendar a sus clientes que se llevaran a los niños, aprovechando que el asunto se tramitaba como conflicto civil y no como delito.
La reforma pretende cambiar esa lógica: llevarse unilateralmente al menor y negarse a cooperar podrá valorarse en contra de quien aspire a la autoridad parental. Sin embargo, los especialistas advierten de que la custodia compartida no implica reparto de convivencia, que los casos antiguos no se revisarán automáticamente y que el tiempo seguirá beneficiando al progenitor que ya controla la rutina del niño. Padres extranjeros como Emily Sato o Jeffery Morehouse —este último sin ver a su hijo desde 2010— ilustran las barreras lingüísticas y judiciales que dejan a muchos reclamantes sin tutela efectiva. Las asociaciones de víctimas de violencia doméstica piden que el nuevo régimen no obligue a las víctimas a mantener el vínculo con su agresor, posibilidad que la ley ya contempla restringir.