La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ha impuesto a Google una multa administrativa de 403 millones de euros por el manejo indebido de los datos de ubicación de sus usuarios. Esta sanción, la cuarta más elevada impuesta por el regulador irlandés, se debe a que la tecnológica manipuló a los usuarios para que aceptaran la vigilancia constante de sus movimientos, revelando información privada sobre sus creencias religiosas, afiliaciones políticas y condiciones de salud. La investigación, iniciada en 2020 tras quejas de organizaciones de consumidores europeos, determinó que Google carecía de una base legal válida para el procesamiento de estos datos entre 2018 y 2020, violando el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
El caso se originó tras una investigación de la agencia noruega de consumidores, Forbrukerrådet, en 2018, que sugirió que los datos de ubicación podían revelar detalles íntimos de la vida privada. La DPC investigó específicamente las funciones "Web & App Activity", "Location History" y "Location Accuracy" de Google. Según los hallazgos, los usuarios podían estar desconscientes de que su ubicación se utilizaba para influir en sus anuncios publicitarios o para inferir sus intereses y comportamientos. Graham Doyle, subcomisionada de la DPC, señaló que los datos de ubicación son una forma de datos personales que, aunque pueden mejorar la utilidad de los servicios en línea, también revelan información inherentemente privada. La retención de estos datos por más tiempo del necesario agravó la pérdida de control que los usuarios tenían sobre su información personal.
Las organizaciones de consumidores, como la BEUC (Organización Europea de Consumidores), criticaron duramente las prácticas de Google. Finn Myrstad, director de política digital del Consejo Noruego de Consumidores, calificó la decisión como un hito importante en la protección de derechos en línea, argumentando que las personas deben poder entender lo que aceptan sin ser manipuladas. Agustín Reyna, director general de la BEUC, elogió la sanción pero advirtió que el tiempo transcurrido para llegar a esta conclusión fue desproporcionado con la gravedad de la infracción, señalando que la ejecución tardía puede ser tan dañina como la falta de acción. La BEUC describió los datos de geolocalización como "una de las formas más invasivas de vigilancia del consumidor".
Google respondió a la decisión defendiendo que el caso se centra en políticas históricas que han sido actualizadas. Un portavoz de la compañía afirmó que desde 2019, la empresa ha evolucionado significativamente sus prácticas y ha lanzado herramientas robustas que facilitan la gestión de los datos de ubicación. Sin embargo, la DPC ordenó a Google que cumpla con el RGPD en un plazo de seis meses. Esta multa sitúa a Google como la cuarta empresa tecnológica con sede en Irlanda que ha sido sancionada por el regulador, tras Meta (1.200 millones de euros), TikTok (530 millones de euros) e Instagram (405 millones de euros). La DPC, como autoridad supervisora principal, tiene la responsabilidad de supervisar a las grandes tecnológicas estadounidenses con sede en la Unión Europea, y su papel en este caso ha sido crucial para establecer un precedente sobre la transparencia y la equidad en el procesamiento de datos de ubicación.