El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó el pasado 31 de julio la ley HB5511, conocida como Children's Online Social Media Safety Act (Ley de Seguridad de Menores en Redes Sociales), una normativa que sitúa a los sistemas operativos en el centro de los mecanismos de verificación de edad en dispositivos. La legislación, que entró en vigor como Public Act 104-0664, fue aprobada en la Asamblea General con un respaldo inusual: 57 votos a favor y ninguno en contra en el Senado, y 113 a favor y ninguno en contra en la Cámara, según recoge LinuxStans.
La ley contempla dos bloques de medidas. El primero, dirigido a plataformas sociales como TikTok, Instagram, Snapchat, X, Facebook y Roblox —citadas expresamente en el comunicado de Pritzker—, prohíbe por defecto los feeds algorítmicos para menores, bloquea las notificaciones entre las 22:00 y las 7:00 horas e impide que adultos desconocidos contacten con ellos. Quedan excluidos los sitios de noticias, proveedores de correo electrónico, operadores de banda ancha y software educativo.
El segundo bloque, el que ha generado mayor controversia, define una nueva categoría legal: la de "proveedor de sistema operativo" ("operating system provider"), englobada junto a fabricantes de dispositivos y tiendas de aplicaciones bajo el término "fabricante cubierto" ("covered manufacturer"). Según la fuente ItsFoss, antes del 1 de enero de 2028 estos fabricantes deberán incorporar una interfaz en el momento de configuración inicial del dispositivo que solicite a un progenitor o titular de la cuenta la fecha de nacimiento del menor. Esa fecha se transformará en uno de cuatro tramos: menor de 13 años, de 13 a 15, de 16 a 17, o mayor de 18. Los datos transmitidos deberán ir cifrados.
A partir del 1 de julio de 2028, cualquier aplicación podrá consultar esa información mediante una API. Si el sistema señala que el usuario es menor, la aplicación adquirirá automáticamente "conocimiento real" ("actual knowledge") de su edad y estará obligada a activar medidas de protección: restricción del feed, perfiles ocultos para adultos desconocidos, bloqueo de mensajes de adultos, enmascaramiento de la ubicación precisa y desactivación de notificaciones nocturnas. Los padres podrán modificar estos ajustes por defecto, y los menores de más de 16 años también podrán hacerlo por sí mismos.
La ley contempla sanciones de hasta 50.000 dólares por violación, según el comunicado del gobernador, ejecutadas por el fiscal general del estado. Sin embargo, LinuxStans señala una discrepancia: el texto del proyecto establece un tope de 7.500 dólares por menor afectado. Fabricantes y aplicaciones que actúen de buena fe quedarán exentos de responsabilidad si la señal de edad resulta incorrecta.
El aspecto que más ha encendido el debate en comunidades tecnológicas es la ausencia de una excepción para el software de código abierto. Tanto Colorado (SB26-051) como California (AB-1043) adoptaron modelos similares, pero terminaron incluyendo enmiendas que eximen a quienes distribuyen software bajo licencias abiertas. En Colorado, el fundador de System76, Carl Richell, trabajó directamente con los legisladores para incorporar esa cláusula. En California, la asambleísta Buffy Wicks presentó AB-1856 para corregir el mismo vacío. Illinois, en cambio, mantiene definiciones amplias en "fabricante cubierto" y "tienda de aplicaciones" sin contemplar esta salvedad, lo que en la práctica podría obligar a distribuciones de Linux y otros proyectos abiertos a integrar mecanismos de verificación de edad.
El impulso legislativo fue encabezado por la representante Jennifer Gong-Gershowitz, con Margaret Croke y Janet Yang Rohr como copatrocinadoras principales, y más de una docena de legisladores adicionales. En el Senado, la iniciativa fue llevada por Willie Preston, acompañado por Robert F. Martwick, Mary Edly-Allen y Adriane Johnson.
A la espera de su implementación en 2028, la ley dibuja un nuevo escenario en el que el sistema operativo se convierte en un intermediario obligado entre el usuario y las aplicaciones para acreditar la edad. Sus implicaciones para la privacidad, la competencia entre plataformas y, especialmente, para los proyectos de código abierto que desarrollan sistemas operativos libres aún están por concretarse, pero ya han puesto en alerta a desarrolladores y defensores del software libre en todo el país.