El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) está a punto de adjudicar un contrato de entre 2 y 5 millones de dólares a una empresa privada para construir una base de datos nacional de votantes, según documentos publicados por la agencia. El contrato, cuya resolución se espera la próxima semana, se enmarca en las actividades de detección de fraude de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y expirará el 30 de septiembre.
ICE solicita al adjudicatario la recopilación de ficheros públicos de registro de votantes e historiales de voto de los 50 estados, con datos de afiliación partidista que, según expertos, podrían vulnerar la privacidad del votante. Aunque el contrato indica que no se exigirán esos campos de forma automática, podrían solicitarse por escrito. El responsable contractual es Michael Royer, jefe de sección de HSI.
La iniciativa se inscribe en una ofensiva más amplia del Departamento de Seguridad Nacional y de la administración Trump para cuestionar la integridad de las elecciones legislativas. El Departamento de Justicia lleva más de un año exigiendo a los estados censos electorales sin anonimizar, mientras el DHS ha condicionado fondos federales de emergencia y antiterrorismo a la adopción de políticas electorales de la Casa Blanca. En julio, ICE firmó otro contrato de 125 millones de dólares con Thomson Reuters para acceder a su plataforma CLEAR, y en junio obtuvo padrones de dos condados de Texas y Carolina del Norte. Investigadores como Brookings sostienen que el voto de no ciudadanos es estadísticamente excepcional.