El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) planea invertir hasta 20 millones de dólares en guantes eléctricos capaces de administrar descargas dolorosas para someter a personas, según una notificación publicada esta semana por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El contrato, con fecha de entrega prevista para marzo de 2027, no especifica la cantidad exacta de unidades que serán adquiridas, aunque la cuantía máxima autorizada revela la magnitud de un plan que ha despertado una fuerte controversia.
El dispositivo en cuestión es el CTG 5 GLOVE (Generated Low Output Voltage Emitter), fabricado por la empresa Compliant Technologies, con sede en Lexington, Kentucky. La compañía lo comercializa bajo la denominación CD3 (Conductive Distraction and De-escalation Device) y lo describe como "una gran solución humana de baja visibilidad óptica para la desescalada", capaz de lograr la cooperación de un individuo en menos de tres segundos. El DHS, consultado por la Associated Press, no ofreció comentarios inmediatos sobre los planes de compra.
A diferencia de las pistolas Taser o las armas de aturdimiento convencionales, que disparan sondas o utilizan altos voltajes para provocar una incapacitación neuromuscular, el GLOVE opera mediante una tecnología que el fabricante denomina Neuro-Peripheral Interference (NPI). Al pulsar durante un segundo un interruptor ubicado en la muñeca, unos parches conductores incrustados en la palma y los dedos transmiten impulsos eléctricos de alta frecuencia directamente al punto de contacto con el sujeto. Estos pulsos sobrecargan las terminaciones nerviosas sensoriales, generando un dolor localizado que inhibe el movimiento muscular coordinado, aunque sin provocar un bloqueo muscular sistémico. El voltaje máximo es de 380 voltios, comparable al de un collar antiladridos, mientras que el mínimo oscila entre 210 y 324 voltios según la versión.
Los guantes funcionan con una batería recargable y un microprocesador alojados en un bolsillo con cremallera en el puño, con una autonomía de hasta dos horas de estimulación continua en los modelos Gen 3 y 4, y 90 minutos en el Gen 5. Las versiones Gen 4 y Gen 5 incorporan además sistemas de registro de eventos de activación, con fecha, hora y tiempo de contacto cutáneo, lo que permite crear auditorías y reportes posteriores a la acción.
Sin embargo, el dispositivo presenta limitaciones y advertencias explícitas en sus manuales de instrucciones. No debe utilizarse más de un par de guantes en un mismo individuo, las descargas continuas no deben superar los 15 segundos y los operadores deben dirigirse exclusivamente a brazos y piernas, evitando estrictamente la cabeza, cara, garganta, pecho y zona genital. Tampoco se recomienda su uso contra poblaciones vulnerables como niños, personas mayores, embarazadas o personas con discapacidad. Compliant Technologies vende el producto únicamente a entidades profesionales verificadas, como instalaciones correccionales, agencias militares y cuerpos policiales, y exige certificación y recertificación bianual para los usuarios.
El plan de ICE se inscribe en un contexto de creciente preocupación por el uso de la fuerza por parte de la agencia. Según The Verge, ICE ha mostrado en el último año una capacidad para ejercer poder con escasa supervisión, presentándose en domicilios para intimidar, utilizando vigilancia masiva y protagonizando incidentes con víctimas mortales en plena vía pública. La ACLU, a través de su directora adjunta de proyecto sobre policía Jenn Rolnick Borchetta, calificó la medida como "una receta para el daño al público", señalando que la agencia ya ha demostrado ser demasiado rápida en recurrir a la fuerza, y advirtió que estos guantes permitirían aplicar descargas eléctricas con un simple botón, de forma prácticamente invisible para los testigos.
Cabe recordar que dispositivos similares de Compliant Technologies ya se utilizan desde hace años en algunas cárceles y departamentos de policía de Estados Unidos, como el condado de Oklahoma. En 2022, dos oficiales correccionales fueron acusados en Carolina del Sur de agredir y electrocutar a un recluso en dos incidentes separados, un antecedente que ilustra los riesgos asociados a este tipo de tecnología.
La combinación de un dispositivo no identificable como arma, capaz de infligir dolor intenso con un gesto casi imperceptible, y una agencia con historial reciente de uso agresivo de la fuerza, plantea serias dudas sobre las garantías de rendición de cuentas. Mientras el DHS no se ha pronunciado oficialmente, la oposición de organizaciones de derechos civiles y la falta de transparencia sobre la cantidad de unidades y los protocolos de uso auguran un debate intenso en las próximas semanas sobre los límites del equipamiento policial en operaciones de inmigración.