El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) publicó el 10 de julio unos pliegos de contratación para 5.500 camas de detención en cuatro regiones del país que declaran que las leyes estatales y locales «no se aplicarán» a esos centros. La medida se conoce un día después de que el juez federal Benjamin Settle ordenara a la compañía GEO Group abrir el centro de Tacoma (Washington) a los inspectores sanitarios estatales, al resolver que ningún contrato federal puede anular la legislación de un estado. Los nuevos pliegos replican casi palabra por palabra la cláusula del contrato de Tacoma que Settle acaba de rechazar y prevén replicarla en centros de Colorado, Florida y Pensilvania, todos operados por GEO. Los plazos de la licitación, de 30 días para empezar a recibir detenidos, encajan con los contratos vigentes de esos cuatro centros. Además, el borrador relaja los estándares de detención a las normas NDS emitidas por ICE en junio, que limitan a un dólar diario el pago a detenidos por «trabajo voluntario» y permiten herramientas de IA para traducción en comunicaciones «no críticas». Las autoridades de Washington necesitaron tres años de litigio y 3.500 quejas de detenidos para acceder a uno de los centros; un juez del Noveno Circuito suspendió temporalmente la orden el 21 de julio mientras GEO apela.
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