Un informe de The One Project propone un control público global de la inteligencia artificial (IA) para evitar que su desarrollo y aplicación estén únicamente en manos de unas pocas empresas, lo que podría tener consecuencias negativas para la sociedad. El documento argumenta que la IA ya está influyendo en aspectos clave de la vida cotidiana, desde ofertas de empleo hasta la aprobación de préstamos, sin que el público tenga voz al respecto. La propuesta aboga por un cambio fundamental: transferir el poder de decisión sobre las reglas, objetivos, beneficios y propiedad de la IA al público, a través de mecanismos democráticos. Esto incluye la creación de una Asamblea Global de IA (GAIA) para implementar estas medidas. El informe destaca la necesidad de establecer límites claros sobre lo que la IA puede y no puede hacer, redirigir los incentivos hacia objetivos socialmente beneficiosos, compartir la riqueza generada por la IA y establecer una participación pública en la propiedad de las empresas de IA. Se propone un modelo de 'participación ciudadana' a través de asambleas de ciudadanos seleccionados al azar, que establecerían normas vinculantes y límites de seguridad, implementados por expertos técnicos. El objetivo final es evitar una 'carrera hacia el fondo' en la seguridad y transparencia de la IA, garantizando que sirva al interés público y no solo a los intereses de las empresas o gobiernos.
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