El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE UU (HUD) ha denegado más de un centenar de documentos solicitados por la organización sin ánimo de lucro Democracy Forward mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA) sobre el uso de inteligencia artificial por parte del equipo de DOGE en la toma de decisiones políticas. Entre los motivos de retención, HUD citó el llamado "privilegio deliberativo de IA" y el privilegio de comunicaciones presidenciales, razones que expertos legales consultados por WIRED consideran infundadas, ya que la FOIA no contempla ninguna exención específica para IA y los sistemas automatizados no pueden ser sujetos del "privilegio de candor" reservado a personas.
Los documentos retenidos, cuyos nombres se conocen pero cuyo contenido no, incluyen archivos como "GPT defined Econ Analysis approach.docx" y "RegulatoryAnalysisPrompt.pdf", atribuidos a Scott Langmack, ex miembro de DOGE en HUD procedente de la startup Kukun y actual director ejecutivo de desregulación con IA en la Oficina de Gestión y Presupuesto. Christopher Sweet, estudiante de Economía en la Universidad de Chicago integrado en el equipo DOGE de HUD, centró su labor en identificar mediante IA normas susceptibles de ser derogadas.
Expertos como Tori Noble (EFF), John Davisson (EPIC) y Mark Fagan (Harvard Kennedy School) advierten de la opacidad: Noble subraya que acceder a los prompts es la mejor vía para evaluar el uso y los riesgos de estas herramientas, dado que pueden generar información inexacta o sesgada. No existe en EE UU ninguna ley que obligue al Gobierno a revelar si se empleó IA en la creación de normas o políticas.