Google ha anunciado una política que exige a todos los desarrolladores de aplicaciones de Android registrarse centralmente con la empresa para distribuir aplicaciones fuera de la Google Play Store, una medida que entrará en vigor a nivel mundial en los próximos meses. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, instituciones sin fines de lucro y empresas de tecnología ha expresado su fuerte oposición a esta política, argumentando que socava la naturaleza abierta de Android, obstaculiza la innovación y plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la competencia.
La nueva política obligaría a los desarrolladores a pasar por un proceso de verificación que incluye el pago de una tarifa, la aceptación de los términos de Google y la presentación de identificación oficial, incluso para aquellos que distribuyen aplicaciones a través de canales alternativos como sus propios sitios web o tiendas de aplicaciones de terceros. Los críticos temen que esto cree barreras de entrada para desarrolladores individuales y proyectos de código abierto, además de otorgar a Google un control excesivo sobre el ecosistema Android y la capacidad de censurar aplicaciones arbitrariamente. La medida también genera inquietudes sobre la recopilación de datos de desarrolladores y posibles implicaciones antimonopolio, ya que Google podría utilizar la información recopilada para obtener ventajas competitivas. La coalición insta a Google a reconsiderar la política y a trabajar con la comunidad de código abierto para encontrar soluciones alternativas que protejan la seguridad de los usuarios sin comprometer la apertura de la plataforma.