El Gobierno y el Partido Popular han coincidido en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en reclamar calma y el cese de cualquier tipo de violencia en Ceuta, donde en los últimos días grupos organizados han quemado parte de los asentamientos improvisados en la playa del Trampolín, agredido a periodistas y vecinos musulmanes y acosado negocios que atienden a personas migrantes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado la situación de "extraordinaria" y comprensiblemente preocupante, ha defendido la respuesta del Ejecutivo desde el primer momento y ha anunciado que, una vez superada la fase de salvamento, asistencia humanitaria e identificación, se aplicarán los procedimientos legales de retorno para quienes no reúnan las condiciones para permanecer en España.
El diputado del PP Javier Celaya, natural de Ceuta, se ha sumado al llamamiento a la serenidad y ha advertido de que acosar a periodistas o bloquear a la Cruz Roja no beneficia a la ciudad, aunque ha atribuido la "desesperación" de la población a la "pasividad" del Gobierno de Pedro Sánchez. La intervención evidencia un giro en el discurso del PP, cuyo portavoz nacional, Borja Sémper, pidió el lunes "no señalar a la gente".
Vox ha sido el único grupo que ha respaldado implícitamente los altercados: su diputado Ignacio Gil Lázaro ha calificado la llegada de migrantes como un "plan de asalto contra la integridad territorial de España" y ha pedido la expulsión inmediata de todos los que entraron y la devolución de los menores a Marruecos, opción que expertos y la Fiscalía de Menores consideran ilegal. Sumar, por medio de Enrique Santiago, ha responsabilizado al PP y a Vox de la violencia racista y ha exigido el castigo de los inductores, recordando que Marruecos no ha acogido a ningún menor en los últimos 14 años.