General Motors ha acordado pagar 220 millones de dólares para resolver las acusaciones de que vendió ilegalmente datos de conducción y ubicación de sus conductores a intermediarios de datos. Este acuerdo, que resuelve una demanda presentada por una coalición de 36 fiscales generales de estados de EE. UU., obliga a la empresa automotriz a limitar la recopilación de datos y a obtener el "consentimiento explícito" de los conductores antes de recopilar o compartir su información. La mención principal de este acuerdo es el programa Smart Driver, que ya fue descontinuado en 2024, pero cuyas prácticas de privacidad generaron una fuerte controversia legal.
Según reportes de Reuters y The Verge, las acusaciones centran su atención en cómo GM pasaba información sobre hábitos de conducción, incluyendo aceleración, frenado y longitud del viaje, a intermediarios de datos. Estos intermediarios, a su vez, vendían la información a las aseguradoras, lo que permitía a estas últimas comprar los datos para elevar las primas de los conductores. Además, los estados acusaron a GM de no notificar a los conductores que estaban inscritos en el programa Smart Driver ni de que la empresa estaba recopilando sus datos. Dan Rayfield, fiscal general de Oregón, y Nick Brown, de Washington, lideraron el caso, junto con otros estados como Nueva York, Florida, Míchigan, Nevada y Pennsylvania. Rayfield señaló en un comunicado de prensa: "La gente compró un coche, no un dispositivo de rastreo. GM les dijo a los conductores que el programa les ayudaría a conducir de forma más segura y prometió no compartir sus datos con las aseguradoras sin permiso. Nuestra investigación reveló que GM vendió ese dato de todos modos, y algunos conductores pagaron por ello con primas más altas".
El acuerdo, anunciado el jueves, no solo cubre el programa Smart Driver, sino que también refuerza los pasos que GM ya había dado para fortalecer sus prácticas de privacidad, en línea con acuerdos previos con California y la Comisión Federal de Comercio (FTC). Una novedad clave en este nuevo pacto es que GM debe someter su cumplimiento del programa de privacidad a la evaluación de un tercero. Este requisito busca garantizar que las medidas de protección sean independientes y verificables. El acuerdo se produce más de dos años después de que un informe de The New York Times revelara cómo GM y OnStar recopilaban, usaban y vendían datos de geolocalización precisa y comportamiento de conducción a terceros, incluyendo los intermediarios de datos LexisNexis y Verisk.
GM ha respondido al acuerdo con un comunicado en el que afirma que "este acuerdo aborda Smart Driver, un producto que terminamos en 2024, y refuerza los pasos que hemos dado para fortalecer nuestras prácticas de privacidad". La empresa sostiene que "experiencias más seguras, útiles y personalizadas se habilitan mediante datos de vehículos conectados" y que está comprometida a ser clara sobre qué información se usa, cómo se protege y qué opciones tienen los clientes sobre lo que comparten. A pesar de la multa, GM ha actualizado su política de privacidad y ha creado un Centro de Privacidad enfocado en el consumidor. La empresa afirma que ya no venderá información de vehículos que pueda vincularse a un individuo, su ubicación o su forma de conducir, aunque podría divulgar datos anonimizados no vinculados a un individuo con ciertos socios.
El contexto de este acuerdo es crucial en la era de los vehículos cada vez más equipados con sensores y potencia de cálculo. GM está invirtiendo en software centrado en el conductor, como la adición de un asistente de IA personal a OnStar, su servicio de asistencia vial de 30 años. Durante el evento GM Forward en octubre, la empresa destacó sus protecciones de privacidad, asegurando que los grabados tienen límites de tiempo y están cifrados, y que ni GM ni OnStar pueden acceder a los grabados de la Cámara Conectada. Los usuarios podrán controlar las funciones de voz y las cámaras. Sin embargo, hay una advertencia importante: según GM, los clientes que opten por no compartir sus datos probablemente tendrán un acceso limitado a ciertas funciones, lo que plantea debates sobre la privacidad versus la funcionalidad en los vehículos conectados. Este caso marca un precedente significativo en la regulación de la privacidad de datos en la industria automotriz, estableciendo que la recopilación de datos de conducción requiere un consentimiento explícito y transparente, más allá de la mera inclusión de funciones de conectividad.