La magistrada María Eloina González Orviz ha concedido un plazo de cuatro meses "improrrogables" para que Cristina G.B., una mujer víctima de violencia de género, y su hija de nueve años continúen en la vivienda de Nuevo Roces (Gijón) sin ser desahuciadas. Esta medida, dictada el 25 de abril, suspende el lanzamiento previsto para el 28 de septiembre, que se debía ejecutar por el impago del alquiler. La resolución se basa en la falta de comunicación a las partes del auto de vulnerabilidad emitido el 24 de abril, lo que permite reabrir la vía de suspensión del lanzamiento.
Vipasa, la empresa gestora de viviendas del Principado de Asturias, ha sido citada para que estudie una propuesta de la inquilina para que esta pueda continuar en el inmueble o encontrar una solución habitacional adecuada. La magistrada recuerda a la comunidad autónoma que debe aplicar medidas eficaces para proteger a inquilinos vulnerables con menores de edad, asegurándoles el acceso a una vivienda. Por su parte, los servicios sociales del Ayuntamiento de Gijón ya habían derivado a la familia a recursos de alojamiento temporal y prestaciones económicas.
El caso ha generado movilización social, con el respaldo de colectivos como Amnistía Internacional y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias. Mientras que la gerente de Vipasa, Marta Pulgar, defiende que se trata de un impago voluntario y no de vulnerabilidad, la magistrada ha declarado el auto firme, cerrando la vía de recurso.